El pasado mes de julio la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen y los jefes de los gobiernos holandés (Mark Rutte) e italiano (Giorgia Meloni) viajaron a Túnez, se sentaron con el autócrata tunecino Kais Said, dieron con él una conferencia de prensa sin periodistas y firmaron un papel sin valor legal. En ese papel se dice que Túnez debe reforzar el control de sus costas para que no salgan migrantes en barcazas hacia Europa, principalmente hacia Italia.
A cambio, la Comisión Europea le entregará 1.000 millones de euros. Para el régimen de Kais Said ese dinero esa un salvavidas. El país está al borde de la quiebra y el FMI sólo ofrece 1.900 millones de dólares, pero a cambio de duros ajustes.
Tres meses después aquel pacto muestra que dejar el control migratorio europeo a regímenes autoritarios de terceros países deja a la Unión Europea al albur del chantaje. También es la premisa necesaria para una violación masiva de esos derechos humanos que las instituciones europeas y los gobiernos de sus 27 Estados miembro prometen repetidamente proteger y fomentar. Pero la prioridad absoluta de la política migratoria europea es evitar la llegada de migrantes. Cualquier otra consideración es secundaria. Así que aquel pacto venía bien a todos.
Pero las sonrisas de aquella conferencia de prensa se torcieron en cuanto se reunieron los cancilleres europeos en septiembre por primera vez tras sus vacaciones de agosto. Varios cancilleres, con la alemana Annalena Baerbock a la cabeza, señalaron que Von der Leyen se había arrogado unas competencias que no tiene al firmar un acuerdo con un tercer país sin un mandato formal de los cancilleres.
Los servicios de Von der Leyen respondieron diciendo que no había ningún acuerdo (hubiera sido ilegal, como señaló Baerbock) sino un simple Memorándum de Entendimiento. Es la misma estrategia que se usó en 2016 para pactar con Turquía el control migratorio porque un tratado internacional legalmente válido hubiera tenido que ser ratificado por el Parlamento Europeo y podría ser denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Baerbock llegó a afear a la Comisión Europea haber firmado un pacto en el que no se tenía en cuenta ni los derechos humanos de los migrantes ni la escabechina que Said ha ido haciendo entre la oposición política. El canciller europeo Josep Borrell confirmó que el pacto no tenía valor legal, que era simplemente un acuerdo político.
Todo ese malestar hizo que la Comisión Europea, mientras veía impotente cómo las llegadas de migrantes desde Túnez no descendían sino que aumentaban, decidió ofrecer a Túnez 127 millones de euros en lugar de los 1.000 millones prometidos.
Said estalló y este lunes dijo que su país rechazaba ese dinero por considerarlo mera “caridad” y una violación del acuerdo firmado en julio. Said dijo: “Túnez, que acepta la cooperación, no acepta cualquier cosa que se parezca a limosna o caridad, rechaza lo anunciado estos días por la Unión Europea, no por la pequeña cantidad, ya que todos los tesoros del mundo entero no valen ni un ápice de nuestra soberanía sino porque esta propuesta contradice el memorando de entendimiento que se firmó”.
A la vez, Said rechazó 1.900 millones de dólares de un préstamo del FMI porque conllevaban “dictados del exterior”. Sin toda esa ayuda financiera el país puede ir a la quiebra antes de finales de año, pero Said tiene una arma que probablemente funcione: los migrantes.
Cuantos más consiga que salgan de su país hacia la Unión Europea más fácil será que en Bruselas y en las capitales nacionales más fácil sea soltar el dinero que exija el tunecino. Said debe pensar que si al marroquí Mohamed VI y al turco Erdogan le funciona el chantaje a él también le funcionará.