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Las pequeñas y medianas empresas, representadas por la patronal Cepyme, han alzado su voz contra la «injerencia» y la «sobrerregulación» del Gobierno. Durante la asamblea general, varios empresarios leyeron un manifiesto “por la libertad de empresa”, expresando su compromiso y preocupación por las políticas que afectan las relaciones comerciales. En el acto asistió José Luis Escrivá al Congreso de Representantes del Gobierno, pero también estuvieron presentes el alcalde de Dardos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
La ley contó con la oposición del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. En su intervención, Cuerva denunció que las medidas del Gobierno suponen un ataque injusto y lesivo a los derechos de las empresas y del país, citando el artículo 38 de la Constitución española, que garantiza la libre constitución de las empresas.
El Manifiesto de las Pymes españolas por la Libertad de Empresa destaca las líneas rojas que el Gobierno no debe traspasar para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas y evitar coacciones y obstáculos en su desarrollo. En definitiva, defienden la libertad empresarial y se oponen al intervencionismo y a la estigmatización del emprendedor. Cepyme impulsa a las empresas a obtener ventajas en un entorno regulatorio más justo.
Durante la lectura del manifiesto, los pequeños empresarios españoles defendieron “la dignidad y la libertad de empresa”. Según Cuerva, “la situación ha sido comunicada oficialmente al gobierno”.
La sobrecarga legislativa y la interferencia en cuestiones como salarios e impuestos han obstaculizado el buen funcionamiento de las empresas. “Exigimos que se corrija esta situación”, dijo Cuerva.
Dignidad corporativa, costos y control político
Los empleadores trabajan estrechamente con los sindicatos en reformas importantes y negociación colectiva. Acusan al gobierno de alterar el equilibrio interno de los acuerdos sociales, citando informes sobre horarios de trabajo e injusticias en el lugar de trabajo.
Critican que el diálogo social se haya utilizado en los últimos años con fines políticos en lugar de luchar por el bien común. Las tensiones actuales en la mesa del diálogo social coinciden con la implementación de reformas. “Exigimos protección estatal en la organización interna de las empresas”, exigen. Cepyme se negó a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto para proteger el diálogo social y la negociación colectiva y exigir mayor responsabilidad al gobierno.
“Exigimos que se logre la protección estatal en la organización interna de las empresas”.
Los empresarios creen que el gobierno les está imponiendo una política de aumento de costos, gasto burocrático, fiscal y social. Además, afirman que los jóvenes son víctimas de la estigmatización del emprendimiento, que se basa en la búsqueda de lucro y éxito. Afirman el papel de las empresas en la sociedad y la economía.
Se pidió a Díaz que proporcionara un análisis adecuado de la productividad, los costos laborales y la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la reforma laboral. “Hay una intromisión política en la realidad de la estructura productiva española”, critican. “Pedimos a los afectados que no implementen decisiones que tengan un impacto directo en la productividad y funcionalidad de muchas empresas”.
Control, sobrerregulación y rigidez
Acusan al gobierno de introducir “medidas de control, vigilancia y sanción” que reflejan una falta de confianza en el cumplimiento de las normas legales por parte de las empresas. Perciben un aumento del intervencionismo a través de normas, registros y planes de eficiencia energética que aumentan las cargas burocráticas.
«Exigimos que se limite la influencia del Gobierno en el funcionamiento y organización interna de las empresas y que se garantice su flexibilidad». «Imponer modelos de flexibilidad europeos sin adaptarlos adecuadamente será un error costoso para todos los ciudadanos españoles», afirman.
Este punto abarca varios aspectos relacionados con la flexibilidad, tales como: B. el aumento de los costes laborales, la ampliación de las causales de despido y las intervenciones en los salarios, incluido el salario mínimo, y la reducción de los costes laborales en los últimos años. “La intervención en el funcionamiento interno de las empresas a nivel estatal viola los derechos de propiedad, la libertad de elección y la capacidad de responder a un entorno en constante cambio”, concluyen.
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