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El creciente número de regulaciones gubernamentales coloca a las empresas en una situación crítica. Los empresarios alzaron su voz y pidieron que se ponga fin a las constantes medidas que dificultan hacer negocios y aumentan los costos, agravados por la inflación, lo que supone un enorme desafío para las pequeñas y medianas empresas del país.
En la Asamblea General de Cepyme se presentó el “Manifiesto de las pymes españolas por la libertad de empresa”, que critica en ocho puntos las principales intervenciones del Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz. Este manifiesto denuncia la aplicación de las normas laborales sin medidas compensatorias, lo que tiene un impacto negativo en las empresas.
El documento, presentado en la reunión anual de Cepyme 2024 en Madrid, aborda temas como: dignidad de las empresas ante la estigmatización gubernamental, sobrerregulación, respeto a la negociación colectiva, protección de la flexibilidad interna de las empresas, aumento del salario mínimo en más del 30% al 60% desde 2018, el aumento de impuestos y derechos, la adecuada gestión del tiempo y de los recursos laborales y el respeto al diálogo social.
Cepyme advierte de que la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales tendrá un impacto especialmente negativo en las pequeñas empresas, cuyos costes laborales podrían aumentar significativamente, amenazando su rentabilidad.
La indignación de los empresarios reflejada en el manifiesto pone de relieve su descontento con los numerosos cambios regulatorios, algunos de los cuales contradecían acuerdos anteriores. Muchas de estas medidas, como la reforma laboral, se aprobaron con el apoyo de los sindicatos y el gobierno, pero resultaron perjudiciales para el sector empresarial.
El manifiesto cuenta con el apoyo de diversas organizaciones que integran Cepyme, entre ellas 56 asociaciones territoriales, 3.000 organizaciones de base y 85 organizaciones industriales. Estas organizaciones enfatizan la importancia de mantener la cohesión territorial, particularmente en las zonas rurales que dependen de la actividad económica local.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, criticó duramente al gobierno durante la reunión, acusándolo de intentar consolidar sus políticas mediante un “ataque” al diálogo social utilizando interlocutores sumisos. Cuerva denunció que estas condiciones dificultan enormemente las negociaciones y acusó al Gobierno de adoptar posiciones comunistas que obstaculizan la libertad de empresa y el progreso en España.
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