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En Ecuador, las ciudades de la región amazónica se ven afectadas por la demanda de llamas de gas por parte de la industria petrolera, lo que genera preocupaciones tanto de salud como ambientales. Amnistía Internacional (AI) y activistas locales han advertido sobre la incapacidad del Estado para deshacerse de cientos de bengalas desechadas, que fue un tema clave en la reunión.
En julio de 2021, un tribunal de la provincia amazónica de Sucumbíos falló a favor de un grupo de niños amazónicos que exigían medidas de protección para detener el funcionamiento de máquinas que impactan negativamente la salud y el medio ambiente. Esta sentencia destacó la importancia de respetar los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana desde 2008 y decidió la abolición gradual de estas prácticas hasta el año 2030 y la implementación de medidas reparadoras inmediatas.
Sin embargo, según AI, la industria petrolera ecuatoriana ha pretendido cumplir con estas normas legales sin lograr mejoras significativas para las comunidades locales y el ecosistema amazónico. A pesar de la afirmación del ex Ministro de Energía de que parte de la maquinaria fue retirada y desmantelada, los informes sugieren que algunas antorchas retiradas han sido reemplazadas por otras que funcionan a nivel del suelo, lo que continúa contribuyendo a la contaminación.
La investigadora de AI, Alicia Moncada, denunció esta operación fraudulenta y criticó al Estado por no cumplir con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La quema de gas en maquinaria petrolera no sólo contamina el medio ambiente local sino que también contribuye al calentamiento global, lo que va en contra de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.
Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Ana Piquer, ha llamado al Estado ecuatoriano a detener la quema rutinaria de gas en máquinas petroleras, que pone en peligro la Amazonía, el planeta y el futuro de las generaciones futuras. Activistas climáticos locales como Jamileth Jurado han hecho declaraciones impactantes sobre la contaminación y los impactos en la salud de las comunidades cercanas a las plataformas petroleras.
En este escenario, es importante que se tomen medidas urgentes para combatir el impacto negativo de la industria petrolera en las ciudades amazónicas del Ecuador. Proteger el medio ambiente, la salud de las comunidades locales y respetar los derechos de la naturaleza debe ser una prioridad para el Estado y las empresas involucradas en esta problemática.
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