La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta un período complejo marcado por investigaciones legislativas y judiciales que han puesto en la mira a varios de sus altos funcionarios. Uno de los actores centrales de esta situación es Gilberth Alfaro, directora jurídica de la institución, quien recientemente brindó declaraciones ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la CCSS.
Durante su comparecencia, Alfaro destacó que la suspendida directora general Marta Esquivel le había asegurado que no era necesaria su presencia en las reuniones del directorio. Esta decisión, según el funcionario, marcó un antes y un después en la dinámica de este colegio y coincidió con una serie de medidas que fueron duramente criticadas, como la suspensión del portafolio de inversiones de la institución.
Alfaro señaló que la exclusión de las reuniones no sólo afectó la toma de decisiones en materia de inversiones, sino que también provocó problemas en el funcionamiento regular del directorio. Según él, ante la falta de un criterio jurídico uniforme, se utilizó la figura del “funcionario de facto” para asegurar el quórum en las reuniones. Este mecanismo, que el Directorio no había utilizado anteriormente, consiste en designar a un funcionario de la institución para que asuma temporalmente las funciones del Director.
El Director Jurídico explicó que si bien la implementación de esta figura no fue su criterio original, la Procuraduría General de la República estipula que, en casos excepcionales, se podrían convocar paneles colegiados bajo esta modalidad. Además, se refirió al artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que define al “funcionario de hecho” como aquel que desempeña un cargo público sin investidura válida, pero cuya actuación está permitida en situaciones de emergencia para garantizar la continuidad de su mandato. servicio para garantizar. público.
Uno de los momentos más tensos de la comparecencia ocurrió cuando la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, lo cuestionó sobre la decisión de suspender la cartera de inversiones de la CCSS. Según el director jurídico, esta acción se tomó inmediatamente después de su exclusión de las reuniones de la junta, lo que generó dudas para algunos legisladores sobre la transparencia y el proceso deliberativo detrás de esta decisión.
Por otra parte, Alfaro también habló sobre la auditoría realizada a los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), administrados por cuatro cooperativas y una asociación médica. Esta revisión se realizó como parte de la investigación liderada por la Fiscalía General de la República conocida como “caso Barrenador”. El funcionario reconoció que no se estableció ningún criterio jurídico fundamental antes de adjudicar la gestión de los EBAIS a las cooperativas, lo que pone en duda la legalidad y justificación de estas decisiones.
Durante la reunión, otros legisladores realizaron preguntas sobre diversos temas relacionados con la administración de la CCSS. Paulina Ramírez, diputada del Partido de Liberación Nacional (PLN), expresó preocupación por el estado del proyecto de construcción del nuevo hospital de Cartago. Alfaro respondió que las autoridades deben considerar si el contrato será transferido a otra empresa y también establecer procedimientos para determinar las responsabilidades de la empresa inicialmente adjudicada.
Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó la derogación de la norma de subcontratación de servicios de salud. Según Vargas, son fundamentales lineamientos claros en este tema para asegurar buenas prácticas de gobierno corporativo y mejorar la transparencia en los contratos con terceros.
Ante estas preocupaciones, Alfaro señaló que no está claro si la CCSS ha estructurado una gestión para abordar estos temas, lo que dificulta contar con criterios sólidos a la hora de tomar decisiones. En este sentido, destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de seguimiento y planificación para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La comparecencia también destacó las tensiones internas en la CCSS y los diferentes criterios entre funcionarios y legisladores. Mientras algunos parlamentarios creen que las medidas adoptadas por la institución carecen de base técnica y jurídica, otros sospechan que la falta de claridad de los procedimientos podría estar relacionada con problemas estructurales más profundos.
Finalmente, Alfaro destacó que en la reciente reunión del Consejo de la CCSS, realizada un sábado de julio, se abordaron temas estructurales, entre ellos la gestión de los EBAIS y la relación con las cooperativas médicas. Según el funcionario, estos debates son cruciales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la institución, pero requieren de mayor coordinación y transparencia para resolver las dudas que han surgido en relación a su gestión.
La situación actual de la CCSS refleja un panorama complejo en el que decisiones administrativas y cuestiones jurídicas han creado un clima de incertidumbre tanto al interior de la institución como en la opinión pública. Las investigaciones en curso, tanto legislativas como judiciales, serán cruciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, la CCSS enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana y asegurar la continuidad de los servicios de salud en medio de esta crisis institucional.
