Crear un plan para introducir la emisión de billetes móviles en los centros penitenciarios

Crear un plan para introducir la emisión de billetes móviles en los centros penitenciarios
Medios relacionados – Últimas noticias

Miembros de la Comisión de Seguridad y Antidrogas han propuesto una reforma legal destinada a sancionar penalmente a quienes intenten introducir dispositivos de comunicación en instalaciones penitenciarias.

Esta iniciativa tiene como objetivo combatir la actividad delictiva en las prisiones mediante la presentación de cargos penales contra quienes importan ilegalmente dispositivos de comunicación.

Según la Dirección de Ajuste Social, en el período de octubre a diciembre de 2023, la policía penal confiscó 784 teléfonos móviles y 563 chips internacionales de varios países como Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia y Estados Unidos.

La nueva legislación propuesta tiene como objetivo impedir la introducción ilegal de teléfonos móviles, teléfonos satelitales u otros dispositivos técnicos con el fin de comunicarse con el mundo exterior, así como tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables.

La enmienda al Código Penal estipula que las personas declaradas culpables de introducir ilegalmente dispositivos de comunicación en centros penitenciarios se enfrentarán a una pena de prisión de dos a cuatro años si no cuentan con la autorización legal adecuada.

Para los funcionarios públicos, proveedores de servicios o productos, abogados en ejercicio u otras personas que tengan derechos especiales de acceso, la comisión de este delito se calificaría como grave.

La pena impuesta se incrementaría en un tercio si se comprueba que alguien ha introducido dichos dispositivos electrónicos en las celdas de centros penitenciarios cerrados o si el responsable es un funcionario público.

Esta medida responde a una sentencia de la Sala Constitucional de 20 de junio de 2001, que establece que en materia represiva debe garantizarse la intervención del legislativo y la delimitación de los derechos legales de los ciudadanos, por lo que establece las medidas específicas para ser seguido.

Respecto a la facultad del legislativo para establecer normas penales, la Sala Constitucional mencionó que corresponde a la Asamblea Legislativa definir qué conductas son consideradas delitos y deben ser sancionadas como tales, ya que la determinación de las obligaciones jurídicas contenidas en ellos debe ser El derecho penal legislativo es una decisión de carácter político que corresponde al poder legislativo.

La aprobación de este proyecto de ley requiere el voto unánime de los legisladores presentes. Además, al tratarse de una iniciativa que debe ser consultada con la Corte Suprema, es importante recordar que en caso de objeción por parte de este órgano se debe obtener el pleno consentimiento de los votos emitidos.

También te puede interesar – Otros medios relacionados