El presidente de Argentina, Javier Milei, causó controversia cuando extendió nuevamente el presupuesto de 2023 por decreto, lo que significa que el país continuará hasta 2025 sin una ley de presupuesto aprobada por el Congreso. La decisión fue duramente criticada por Germán Martínez, líder del bloque argentino de diputados nacionales de Unión por la Patria, quien acusó al presidente de buscar un manejo arbitrario de las finanzas públicas.
En mensaje compartido en la red social X, Martínez dijo: “Milei nunca quiere tener una ley de presupuesto. Quiere total arbitrariedad en la gestión de las finanzas públicas. Por tanto, hoy se prorrogará por decreto el presupuesto de 2023 hasta 2025, lo que ya se hizo en 2024..
Dos años sin ley de presupuesto
Los legisladores santafesinos calificaron la situación como sin precedentes en la historia económica reciente del país: “Llevamos dos años seguidos sin que el Congreso aprobara un proyecto de ley de presupuesto. “Esto no es una cuestión de imposibilidad, sino de una decisión política por parte del poder ejecutivo”..
Martínez recordó que la Ley de Gestión Financiera N° 24.156, aprobada en 1992, tenía como objetivo garantizar que el Poder Ejecutivo administre las finanzas públicas dentro de un marco regulatorio aprobado por el Congreso. Como se explicó, el artículo 27 de dicha Ley permite una prórroga del presupuesto de un año anterior sólo en casos excepcionales que impidan la aprobación de un nuevo presupuesto.
“No hay ninguna situación excepcional que justifique esta decisión”. Milei no quiso tener una ley, decidió no enviarla al Congreso y presiona por la interpretación del artículo 27 para mantener el presupuesto de 2023 como base de la administración pública nacional. .enfatizó el diputado.
Una práctica controvertida
El uso de decretos para ampliar presupuestos anteriores ha sido objeto de debate en el pasado, pero la extensión de la práctica a dos años consecutivos bajo el gobierno de Milei ha generado críticas tanto de la oposición como de los sectores académico y empresarial. Según Martínez, esta decisión refleja un intento deliberado del poder ejecutivo de eludir los controles legislativos introducidos mediante el proceso de aprobación de una nueva ley de presupuesto.
“Al redactar la Ley de Gestión Financiera, el espíritu del legislador fue garantizar que cada año se adopte un presupuesto que incluya todos los aspectos necesarios para garantizar una gestión responsable de las finanzas públicas. Lo que estamos viendo ahora es un retroceso en esta idea básica”.dijo Martínez.
Reacciones políticas
La decisión del presidente también ha planteado dudas sobre la transparencia y la planificación a largo plazo de las políticas económicas del gobierno. Unión por la Patria sostiene que la falta de un presupuesto aprobado dificulta el control parlamentario sobre los gastos e ingresos estatales, debilitando así las instituciones democráticas.
Por su parte, el gobierno de Milei ha defendido esta medida, argumentando que es necesaria para asegurar la continuidad administrativa durante la implementación de reformas económicas estructurales. Sin embargo, los críticos creen que esta justificación es infundada ya que el Congreso sigue en pleno funcionamiento y no existen barreras legales o logísticas para debatir y aprobar un nuevo presupuesto.
Un precedente preocupante
La falta de un presupuesto aprobado por el Congreso no sólo plantea un desafío para la gobernabilidad, sino que también deja al país sin una hoja de ruta clara para gestionar las finanzas públicas. Según Martínez, esta situación amenaza la estabilidad económica porque dificulta la rendición de cuentas y el seguimiento de los objetivos presupuestarios.
“Milei elige un camino de arbitrariedad y discreción en el manejo de las finanzas públicas. “Esto no es un problema técnico, sino una decisión política que viola la institucionalidad y el equilibrio de poder”.concluyó el legislador.
A medida que se acerca 2025, el debate sobre la falta de un nuevo presupuesto seguirá siendo un tema central en la política argentina, marcando una profunda división entre el partido gobernante y la oposición sobre el modelo de gobernanza económica que debe seguir el país.