El OIJ inició la creación de una base de datos de agresores sexuales

El OIJ inició la creación de una base de datos de agresores sexuales
Más noticias – Últimas noticias

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han respondido a un proyecto de ley que establecería un registro público de personas condenadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este proyecto fue discutido por la Comisión de Seguridad y Narcóticos de la Asamblea Legislativa.

El principal objetivo de la iniciativa, presentada por la actual diputada independiente Gloria Navas, es garantizar la seguridad y el bienestar de niños y jóvenes y evitar el contacto de estas poblaciones vulnerables con personas con antecedentes de delitos sexuales, especialmente aquellos que involucran personas y jóvenes.

La propuesta se basa en el supuesto de que, dada la naturaleza de los delincuentes sexuales, existe un alto riesgo de reincidencia en este tipo de delitos. Por lo tanto, el registro propuesto serviría para emitir alertas preventivas a nivel nacional sobre la presencia de personas con antecedentes de delitos sexuales.

Además, se requiere la inmediata participación del poder judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Sistema de Emergencias 9-1-1, los municipios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas en este registro. También está prevista la participación de instituciones educativas y de salud con el fin de fortalecer la protección de la población.

Rosa María Jiménez, jefa del departamento especializado en violencia de género y trata de personas del OIJ, ha destacado la importancia de solucionar este problema debido a la alarmante tasa de reincidencia en los casos de abuso sexual, incluso en el ámbito familiar. Jiménez destaca que muchos casos de reincidencia en delitos sexuales lamentablemente culminan en feminicidio.

Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes y medidas internas que supervisan periódicamente a las personas condenadas por delitos similares. Establecer un registro permitiría al OIJ monitorear las violaciones de manera más efectiva, siguiendo prácticas comunes en otros países.

Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, quien estuvo presente en la audiencia, señaló la importancia de definir claramente el proceso de seguimiento de este registro público. Se destaca la necesidad de establecer un período mínimo de seguimiento, que podría variar entre 5 y 15 años, pero se destaca que incluso después de este período no se debe excluir por completo la evaluación del riesgo de una persona.

En conclusión, la propuesta de crear un registro público de condenados por delitos sexuales en Costa Rica pretende proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de personas con antecedentes penales en este ámbito. Si se aplica correctamente, esta medida podría contribuir significativamente a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad en su conjunto.

Noticias de interés – Medios digitales