El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha presentado un resumen de más de 200 expedientes que aún están pendientes de resolución por parte de su Departamento de Guerra Política. Estos casos, que se habían ido acumulando durante varios años, quedaron paralizados por un reclamo de inconstitucionalidad que mantuvo en el limbo a las autoridades encargadas de manejar estos casos hasta que la Sala Constitucional completara su análisis.
Entre las denuncias pendientes también se incluyen aquellas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por presunta beligerancia política. Estas acusaciones, que datan del año pasado, incluyen una realizada por el Partido Liberación Nacional (PLN) y otra por el Partido Acción Ciudadana (PAC). Miguel Guillén, Secretario General del PLN, se dirigió al TSE para expresar su preocupación por la demora en la resolución de estos casos y subrayar la importancia de una decisión oportuna en asuntos de este tipo.
Rodrigo Chaves, por su parte, aprovechó sus intervenciones públicas para criticar a los principales partidos de oposición, entre ellos el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista (PLP), insinuando presuntos actos de corrupción entre sus partidos. líderes. Esto ha generado tensiones políticas que, además de los agravios actuales, reflejan un panorama político polarizado antes de las elecciones presidenciales de 2026.
Aumento de quejas desde 2019
Según Andréi Cambronero, jefe del departamento jurídico del TSE, los casos pendientes han ido aumentando desde 2019. Durante dos procesos electorales -las elecciones nacionales de 2022 y las elecciones locales de 2024- las denuncias continuaron llegando al departamento especializado del judicial, sin que esto pueda suceder debido a la demanda de inconstitucionalidad, que bloqueó su avance.
Si bien la Sección continuó recibiendo denuncias durante este período, no estuvo en condiciones de tomar decisiones hasta que la Sala Constitucional tomó su decisión final sobre el caso a mediados de este año. Los jueces inicialmente rechazaron la demanda de inconstitucionalidad por deficiencias formales en la redacción y obligaron a los demandantes a reexaminarla. Meses después, tras un nuevo juicio, la demanda fue admitida y resuelta, permitiendo al TSE retomar sus funciones en el asunto.
Los activistas que interpusieron la demanda de inconstitucionalidad impugnaron cuatro artículos del reglamento del departamento especializado del TSE, alegando que dichas disposiciones violaban la Constitución. Sin embargo, en la votación 2024-0023861, la Sala Constitucional concluyó que estas normas no eran inconstitucionales. Según los magistrados, el TSE tiene plena competencia para establecer normas relacionadas con su función electoral, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política y el artículo 74 de la Ley de Justicia Constitucional.
El lugar de jurisdicción exclusiva es el TSE
El juez de instrucción Jorge Araya destacó que la organización y regulación de los procesos electorales es competencia exclusiva del TSE. En su resolución aclaró que las disposiciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de sus funciones electorales no pueden ser objeto de impugnación constitucional.
“Se entiende que el diseño y regulación de estos procesos es competencia exclusiva del TSE en el ejercicio de su función electiva”. Según el artículo 10 de la Constitución y el artículo 74 de la Ley de Justicia Constitucional, no existe constitucionalidad. impugnación de las disposiciones del TSE en relación con el ejercicio de cargos electivos”, explicó Araya.
Pese a la decisión de la Sala Constitucional, aún está pendiente la publicación del texto íntegro de la sentencia, lo que permitirá conocer en detalle el fundamento de la decisión y el alcance de las normas según las cuales el departamento especializado del TSE funcionará a partir de ahora. .
Denuncias contra el presidente Chaves
Entre los expedientes pendientes destacan las denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves interpuestas por el PLN y el PAC por presunta beligerancia política. Estas acusaciones han provocado un amplio debate ya que, de tener éxito, el TSE tendrá que remitir el caso a la Asamblea Legislativa, que sería responsable de determinar los próximos pasos.
Las denuncias se refieren a declaraciones públicas de Chávez en las que utilizó su cargo para atacar a los partidos de oposición y a sus dirigentes y atribuirlos a actos de corrupción. Estas acciones podrían interpretarse como una violación de las normas que rigen la neutralidad política de los funcionarios públicos, particularmente en el contexto de los procesos electorales.
El avance de estos esfuerzos será crucial para determinar el impacto político de las acusaciones contra el Presidente y la posible respuesta de las partes involucradas, quienes han insistido en la necesidad de garantizar la imparcialidad y transparencia en el proceso electoral.
Un panorama político tenso
La demora en resolver casos de beligerancia política ha aumentado las tensiones en el panorama político nacional. Ante las próximas elecciones presidenciales de 2026, existe un clima de confrontación entre los partidos de oposición y el oficialismo, que podría intensificarse a medida que avancen los procesos en el TSE.
La resolución de los expedientes acumulados desde 2019 será crucial no solo para determinar posibles sanciones o medidas correctivas, sino también para sentar precedentes en la regulación del comportamiento político de los actores públicos. En este contexto, el TSE enfrenta el desafío de asegurar que sus acciones sean percibidas como imparciales y consistentes con la Constitución, en un momento en que la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad democrática.
Actualmente, el TSE continúa trabajando en los expedientes recabados y en la implementación de las disposiciones aclaradas por la Sala Constitucional. La publicación de la sentencia completa permitirá conocer con más detalle las implicaciones de la decisión y los pasos a seguir en los casos más relevantes, como las denuncias contra el presidente Chaves.
Este proceso representa una coyuntura crítica para el sistema electoral de Costa Rica, que debe demostrar su capacidad para resolver conflictos políticos de manera justa y transparente en un entorno donde la polarización y las acusaciones mutuas parecen ser la norma.
