La guerra de Rusia contra Ucrania y la amenaza del Kremlin han despertado la urgencia de la UE por impulsar su industria de defensa. En un momento de prudencia con las cuentas públicas, cuando los Estados miembros han rehusado hacer nuevos grandes desembolsos a las arcas europeas, el club comunitario ha decidido que el apoyo al sector de la defensa es una de las nuevas prioridades en la ampliación de los presupuestos plurianuales de la UE. Esa revisión del marco financiero para los próximos cuatro años, aprobada por los líderes el jueves en una reunión en Bruselas, es todo un reflejo de la Europa de hoy: con una guerra en el continente y con la intención de blindar sus fronteras. Además de la partida más voluminosa y destacada de esa ampliación presupuestaria (el salvavidas de 50.000 millones de euros para Ucrania), la UE ha habilitado 1.500 millones de euros adicionales para programas de innovación en defensa y destinará otros 10.000 millones a la gestión de los flujos migratorios, también clave para varios socios comunitarios.
Al tiempo que nutre estas partidas, la Unión está espoleando a los fabricantes de munición y material militar para poder enviar a Ucrania el millón de rondas de artillería comprometidos (de las que solo ha recibido un tercio, según reconoció el alto representante para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, el miércoles); pero también para reponer los arsenales y modernizar sus equipos. Hasta que hace dos años Vladímir Putin lanzó la invasión a gran escala de Ucrania, esos eran capítulos a los que un buen número de Estados miembros no habían dado prioridad. Bruselas quiere también que el nuevo fondo especial para ayudar militarmente a Ucrania (hasta ahora se ha hecho con reembolsos a lo aportado por los socios a través de un fondo europeo para elementos diversos), al que quiere dotar con 5.000 millones al año durante cuatro años, priorice que los Estados miembros hagan compras conjuntas a la industria europea para ayudar a Kiev.
Las nuevas partidas, que marcan bien las inquietudes del club comunitario, se abren en el contexto de una revisión más amplia del marco financiero plurianual que se realiza por primera vez en mitad del periodo que abarca ese presupuesto. La extensión no incluye, sin embargo, nuevos desembolsos para programas estratégicos de transición verde y ecológica o digitalización, que tendrán que recibir dinero procedente de otras partidas.
Los 1.500 millones de euros adicionales se sumarán a los 8.000 millones que ya hay presupuestados en el Fondo Europeo de Defensa, destinado a innovación y desarrollo de proyectos en este sector, pero que no pasa de este estadio. El nuevo desembolso —como toda la revisión del marco, deberá ser validada por el Parlamento Europeo— está en línea con los planes a medio plazo que se plantea Bruselas, que a finales de este mes presentará su estrategia para la industria europea de defensa. Fuentes del sector explican que este es un paso en una dirección que hace unos años era tabú, que tal vez las cantidades que se manejan ahora no son importantes, pero viendo lo que pasaba hace poco “tiene un importante significado político”. Aunque sí advierten de que para ahondar más en su desarrollo hace falta que en el siguiente periodo presupuestario se aumente mucho la partida.
La revisión a mitad de camino que se ha hecho del marco financiero de la UE, aprobado en 2021 y que marca la pauta hasta 2027, y en la que se ha ampliado el dinero presupuestado de las cuentas comunitarias, es inédita. Así lo apunta la eurodiputada socialista española Eider Gardiazabal, que señala que en otras ocasiones sí que ha habido reordenación de dinero, pero nunca hasta ahora los Estados habían consentido poner más recursos durante una revisión.
En junio, la Comisión Europea había reclamado más fondos para hacer frente a las nuevas prioridades de una sociedad pospandemia y con el objetivo del apoyo a Ucrania. El nuevo marco es menos ambicioso de lo que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, había pedido a los Estados, que era poner 66.000 millones de euros adicionales. Dentro de ese paquete, reclamaba a los socios 10.000 millones para un fondo de innovación, los programas InvestEU y Horizon Europe y otro fondo de inversión en defensa —parte de su idea de crear un fondo de soberanía con el que responder a Estados Unidos o China—. Pero finalmente solo se han salvado los 1.500 millones de Defensa.
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La ambición de la revisión ha sido mucho menor de lo que reclamaba el Ejecutivo comunitario. Los socios solo coincidían en su intención de poner nuevos fondos para ayudar a Ucrania (33.000 millones en préstamos y 17.000 millones en subvenciones); el resto ha sido una negociación dura, liderada en el primer semestre del año pasado por España, durante su presidencia de turno del Consejo de la UE. Debates largos en los que los socios más frugales llegaron a proponer recortar de la Política Agrícola Común (PAC), una línea roja para países como Francia o España, y algo que habría incendiado aún más el campo. Finalmente, los Estados miembros pondrán 21.000 millones. Menos de un tercio de lo planteado inicialmente. El resto tendrá que salir de la reordenación de partidas de gasto ya comprometidas.
La UE ha logrado, además, sacar adelante esa revisión tras superar el veto del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que amenazaba con el bloqueo y se negaba a lanzar el salvavidas financiero para Ucrania. Las presiones de Alemania y de Francia, que tiene una importante industria de defensa que puede beneficiarse de los nuevos programas, y de países como Italia, que han reclamado nuevos fondos para afrontar los flujos migratorios, y cuya primera ministra, la ultraconservadora Giorgia Meloni, tiene buena sintonía con el populista Orbán, fueron claves para dar vía libre a la revisión.
Esa es precisamente la otra gran prioridad política de la UE, la migración. Los fondos se han reducido poco —en comparación con otros— desde la petición inicial de la Comisión hasta el resultado de la negociación final. Von der Leyen reclamó un total de 12.500 millones para políticas de migración y vecindad (con 2.000 millones reservados para control de fronteras), ayuda para evitar la llegada de refugiados sirios en masa que están ahora en Turquía, Jordania o Líbano (5.200 millones), programas de asistencia de la llamada vecindad sur (Norte de África, Sahel) o apoyo a los Balcanes Occidentales (2.000 millones). Al final, los recortes negociados a estas peticiones han dejado en 9.600 millones el total de dinero dedicado a estas políticas, quedando intacta la partida de control de fronteras.
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