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El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia ha promulgado una serie de leyes destinadas a fortalecer varios aspectos clave en Puerto Rico. Una de las acciones significativas fue la transformación del proyecto Casa 2155 para jóvenes, que tuvo como objetivo fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para su difusión pública. Esta nueva legislación deroga la exención anterior que beneficiaba a empresas como la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Hacienda, eximiéndolas de pagar al menos el 5 por ciento de sus obligaciones de publicidad televisiva a la Corporación Pública.
Además, el Gobernador también respaldó el Proyecto de la Cámara 1663, que establece la Ley Orgánica del Departamento de Consumo con el objetivo de garantizar que los consumidores no enfrenten discriminación en el acceso a servicios esenciales como agua potable y electricidad.
Otra medida aprobada es el Proyecto de la Cámara 1606, que modifica la “Ley de Registro de Existencias de Materiales Metálicos” e impone el requisito de informar electrónicamente todas las transacciones relacionadas con materiales como el cobre y el aluminio con el fin de combatir las transacciones ilegales en el mercado de los metales.
Además, el Gobernador firmó el Proyecto de Ley 2072, que insta al Código Municipal de Puerto Rico a continuar apoyando la autonomía municipal y facilitando el desarrollo económico local. El objetivo de esta legislación es promover la capacidad de los municipios para gestionar sus propios asuntos y crear un entorno propicio para el crecimiento económico a nivel local.
Estas medidas legislativas reflejan el compromiso del gobernador Pierluisi Urrutia y su administración con el fortalecimiento institucional, la protección al consumidor, la transparencia comercial y el desarrollo comunitario sostenible. El propósito de estas leyes es mejorar la gestión de los recursos públicos, asegurar el acceso igualitario a los servicios básicos y promover un ambiente propicio para el progreso y la autonomía de las comunidades de Puerto Rico.
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