El Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos, ha iniciado un amplio debate a nivel nacional sobre el uso de la libertad condicional y otros servicios penitenciarios, cuestionando cómo los jueces de sentencia han otorgado estas medidas en algunos casos. Este tema ha generado controversia porque equilibra la reintegración social de los reclusos con la preocupación por la seguridad pública.
Campos expresó preocupación por decisiones judiciales que contradicen las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología (INC), organismo adscrito a la Dirección General de Ajuste Social. Según el Ministerio de Justicia, 3.421 personas privadas de libertad han solicitado beneficios como la libertad condicional en los últimos años, una cifra que el ministro considera elevada. En la mayoría de estos casos, el INC emitió informes negativos y recomendó que no se otorgaran dichos beneficios.
Sin embargo, en los últimos cinco años, 456 reclusos han sido liberados con el consentimiento de los jueces de sentencia, siguiendo criterios que no siempre coinciden con los del INC. Campos señaló que, aunque no proporcionó cifras exactas, un porcentaje importante de estos beneficiarios repitieron actividades delictivas y fueron recapturados.
Por su parte, el Poder Judicial defendió el proceso en un comunicado, diciendo que las decisiones relacionadas con los beneficios penitenciarios no son automáticas ni arbitrarias, sino que están reguladas por el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley General de Ajuste Social. Estas regulaciones establecen los requisitos legales y de comportamiento que los reclusos deben cumplir para ser elegibles para un beneficio, además de otros factores como la duración de la pena cumplida y su comportamiento en el sistema penitenciario.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, también intervino en el debate, subrayando la necesidad de reformar las leyes antes de considerar megaproyectos como la construcción de nuevas cárceles, que calificó como un paliativo insuficiente dada la crisis de inseguridad del país. . Según Chaves, el problema radica en la falta de medidas efectivas en el sistema penitenciario, lo que dificulta reducir la reincidencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Críticas al sistema de desempeño penitenciario
Diversos sectores han criticado al poder judicial, argumentando que el sistema de otorgamiento de beneficios penitenciarios no siempre sigue criterios claros y que en algunos casos se percibe como demasiado permisivo. Los críticos dicen que las decisiones judiciales parecen ignorar el impacto que estas medidas pueden tener en la seguridad pública, particularmente cuando se otorgan a personas condenadas por delitos graves.
El Ministerio de Justicia ha recopilado datos que muestran que los beneficiarios de medidas como la libertad condicional o el régimen de confianza proceden en gran medida de condenas por delitos relacionados con la Ley de Psicotrópicos, delitos contra la propiedad, la vida y delitos sexuales. A juicio del ministro Campos, este tipo de delitos deberían quedar automáticamente excluidos de cualquier posibilidad de beneficio penitenciario, dado el riesgo que suponen para la sociedad.
Además, el ministerio señaló que entre las penas más sensibles se encuentran los delitos contra la libertad, los relacionados con la ley que castiga la violencia contra las mujeres, los delitos contra los derechos humanos, la seguridad común, la ley de armas y los relacionados con el abuso del público incluyen funciones . La frustración de los ciudadanos ante la reincidencia de algunos delincuentes fue particularmente pronunciada, sobre todo cuando los esfuerzos policiales no parecieron producir resultados duraderos.
«Es comprensible que muchas personas se sientan frustradas cuando los esfuerzos policiales no parecen producir resultados duraderos», dijo Campos. «El trabajo de la policía al arrestar y custodiar a quienes infringen la ley refleja su compromiso de proteger a los ciudadanos».
La perspectiva de la justicia.
En defensa del sistema actual, la Corte Suprema enfatizó que los beneficios penitenciarios no son privilegios, sino instrumentos legales destinados a facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según se explicó, estas medidas pretenden alinear el cumplimiento de las penas con los objetivos de la política penitenciaria costarricense, que incluyen la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia.
Los jueces de sentencia consideran varios factores antes de otorgar el beneficio. Además del tiempo que el interno ha permanecido en prisión, evalúan su comportamiento durante el encarcelamiento, sus condiciones personales, familiares y sociales, y las recomendaciones del INC. Este último proporciona informes técnicos que, si bien no son vinculantes, sirven como una de las referencias más importantes en el proceso de toma de decisiones.
El tribunal también enfatizó que los sistemas democráticos como el de Costa Rica tienen como objetivo equilibrar los derechos individuales de las personas privadas de libertad con las necesidades de seguridad de la sociedad. En este sentido, los jueces destacan que la concesión de beneficios no debe basarse en criterios automáticos o presiones externas, sino que debe seguir un análisis detallado del caso individual.
¿Reforma o adaptación?
El debate sobre los servicios penitenciarios en Costa Rica no es nuevo, pero ha ganado importancia en medio de crecientes preocupaciones sobre la inseguridad de los ciudadanos. Mientras el Ministerio de Justicia aboga por reformas legales que limiten el acceso a estos servicios para ciertos delitos graves, el poder judicial insiste en que el sistema actual está diseñado para garantizar un equilibrio entre justicia y rehabilitación.
Los críticos, sin embargo, argumentan que se necesita un enfoque más integral que combine reformas legales con inversiones en prevención del delito, programas de rehabilitación eficaces y mejoras a la infraestructura penitenciaria. Como enfatizó el presidente Rodrigo Chaves, la construcción de nuevas cárceles, aunque necesaria, no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema penitenciario.
En última instancia, el desafío es encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para lograrlo, será esencial promover un diálogo inclusivo entre los diversos actores involucrados, desde el ejecutivo y el judicial hasta la sociedad civil, con el objetivo de construir un sistema penitenciario más justo, más eficiente y más seguro.
El debate sobre los servicios penitenciarios no sólo resalta las tensiones entre justicia y rehabilitación, sino que también refleja la complejidad de abordar uno de los problemas más apremiantes de Costa Rica: garantizar la seguridad de los ciudadanos y al mismo tiempo promover una sociedad más justa y respetuosa en términos de derechos humanos.
