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El escenario del diálogo social en España se encuentra en un punto crítico debido a la decisión del gobierno de ampliar la participación de las asociaciones empresariales en estas discusiones. A las actuales CEOE y Cepyme se uniría Conpymes, un grupo estatal vinculado a la catalana Pimec. Este movimiento ha creado tensiones entre las organizaciones empresariales que buscan erigirse como verdaderos representantes de los intereses empresariales. Sin embargo, sólo el 23,3% de las empresas están afiliadas a alguna de estas empresas.
Últimamente han aumentado las tensiones entre el Gobierno y los representantes empresariales en la mesa de diálogo social, en particular en relación con la propuesta de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas semanales. Esta medida fue bloqueada por PSOE y Sumar, lo que generó una fuerte oposición al no haber sido consultada con los representantes sociales.
El conflicto alcanzó un punto crítico durante la Asamblea General de Cepyme, cuando su presidente Gerardo Cuerva criticó duramente el “intervencionismo” del gobierno. Cuerva también condenó los intentos de limitar la influencia de los empleadores en las negociaciones, abriendo así la puerta a nuevas organizaciones. El gobierno, por su parte, ha defendido la inclusión de Conpymes y Pimec en órganos como el Consejo Económico y Social (CES), pero aún no ha detallado cómo implementará esta representación.
El problema de fondo es la falta de un sistema objetivo para acreditar la representación de las empresas en las negociaciones institucionales, como ciertamente existe para los sindicatos. Actualmente existe una norma en el Estatuto de los Trabajadores que exige que las organizaciones representen al menos al 10% de las empresas y trabajadores a nivel nacional o al 15% a nivel autonómico para poder participar en la negociación de los convenios colectivos sectoriales.
Esta falta de claridad también se refleja en la representatividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Según la encuesta laboral anual del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sólo el 17,8% de las empresas de 5 a 9 empleados están afiliadas a una organización empresarial, frente al 26,3% de las empresas de hasta 49 empleados. Este bajo nivel de pertenencia se explica en parte por la alta fragmentación de la estructura empresarial española, donde el 92% de las empresas emplea a menos de 50 personas.
La representatividad también varía considerablemente según el sector y la región. En los sectores de hostelería y construcción, sólo el 18,7% y el 22,9% de las empresas, respectivamente, están afiliadas a alguna organización. En los sectores logístico e industrial, en cambio, los valores son del 31,9% y 29,7%, respectivamente. Territorialmente, La Rioja tiene la mayor proporción de empresas filiales (38,7%), seguida del País Vasco (33,7%) y Aragón (33,2%), mientras que Andalucía y Madrid con el 15,1% y el 18,2% respectivamente tienen las proporciones más bajas.
A pesar de estos desafíos, el 76% de los propietarios de empresas afiliadas cree que su organización representa sus intereses, aunque este porcentaje varía según el tamaño de la empresa. Para las pequeñas empresas esta percepción es del 73,2%, mientras que para las grandes es del 87%.
En este contexto, la “guerra” entre organizaciones empresariales se centra en la representatividad de las pymes. Conpymes, apoyada por la catalana Pimec, critica el papel de Cepymes como “satélite” de la CEOE. Esta rivalidad refleja diferencias en cómo las empresas grandes y pequeñas perciben su influencia y representación en las negociaciones con el gobierno.
La polémica también tiene un componente político: Cepyme y Foment del Treball acusaron al Gobierno de utilizar la ampliación de representación como una concesión a partidos independentistas como Junts y ERC.
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